Caso
ilustrativo No. 48
Desapariciones
forzadas de Edgar Fernando García, Sergio Saúl Linares Morales y Rubén Amílcar
Farfán. Fundación del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)
“De repente nos
llaman a nosotras comunistas, subversivas, enemigas del Estado. Nosotras,
mujeres que antes éramos trabajadoras, madres de familia y que estábamos
sufriendo, que éramos víctimas de la violencia…”
I. ANTECEDENTES
La política
contrainsurgente activó la práctica criminal de la desaparición forzada. En
1966 fueron detenidos y desaparecidos de esta forma numerosos miembros del
Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y del Movimiento Revolucionario 13 de
Noviembre (MR-13). Fue conocido como el caso de “los veintiocho desaparecidos”.
Durante el
enfrentamiento armado interno, el sector estudiantil, tanto de educación media
como universitario, sufrió la desaparición forzada de sus líderes. El de la
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) fue uno de los más golpeados y
reprimidos. Esa represión se extendió a todos los estamentos de la USAC y se
materializó a través de la asfixia económica, las capturas, las ejecuciones
arbitrarias y las desapariciones forzadas de gran cantidad de sus alumnos,
docentes y trabajadores. Difundir listas que incluían los nombres de futuras
víctimas fue una práctica común. Así sucedió en 1978 con Oliverio Castañeda de
Leóny Antonio Estuardo Ciani García.
La
violencia política dirigida contra la USAC se incrementó después de los golpes
de Estado del 23 de marzo de 1982 y del 8 de agosto de 1983.
Durante los primeros
ocho meses de Gobierno del general Oscar Humberto Mejía Víctores hubo un
aumento de la represión selectiva en la ciudad de Guatemala y se registraron
635 casos de desapariciones forzadas. Es decir, cada mes desaparecía un
promedio de ochenta personas.
Entre
marzo y mayo de 1984, siete miembros del comité ejecutivo de la Asociación de
Estudiantes Universitarios (AEU) fueron capturados y más tarde desaparecidos.La
misma suerte corrieron Edgar Fernando García, Sergio Saúl Linares Morales y
Rubén Amílcar Farfán, todos ellos vinculados a la USAC y familiares de las
primeras mujeres fundadoras del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
II. LOS HECHOS
Edgar Fernando García
Edgar Fernando
García tenía 27 años de edad, era estudiante de la facultad de Ingeniería de la
USAC y trabajador administrativo en Centroamericana de Vidrios, S.A. (CAVISA),
donde se integró en el sindicato como secretario de actas y acuerdos. Estaba
vinculado también a la Juventud Patriótica del Trabajo del Partido Guatemalteco
del Trabajo (PGT).
El sábado 18 de febrero
de 1984, Edgar Fernando García salió a pie de su casa ubicada en la zona 7 de
la ciudad de Guatemala, rumbo a su trabajo, en la calzada Aguilar Batres, zona
12. Ese mismo día había quedado de almorzar con su esposa e hija en la casa de
una hermana suya.
En
el camino, Fernando se encontró con Danilo Chinchilla. A la altura del mercado
El Guarda, cerca del Trébol, estaba instalado un retén montado por la Brigada
de Operaciones Especiales (BROE) de la Policía Nacional (PN). Allí obligaron a
ambos a detenerse, pero ellos intentaron huir. Los agentes respondieron
disparándoles, y los dos resultaron heridos: Fernando García fue trasladado al
Quinto Cuerpo de la PN localizado en la calzada San Juan; Danilo Chinchilla fue
conducido, por una fuerte escolta, al Hospital Roosevelt.La vigilancia no se
interrumpió en ninguno de los dos establecimientos.
Ese
mismo sábado, hombres vestidos de civil que conducían vehículos sin placas de
circulación, registraron la casa de Fernando García, llevándose sus
pertenencias. Los hombres indicaron a la madre y a la esposa de la víctima, que
Fernando regresaría el martes.
Sergio Saúl Linares Morales
Sergio Saúl Linares
Morales tenía 33 años de edad, trabajaba como asesor de Informática del
Instituto de Fomento Municipal (INFOM) y era catedrático de la facultad de
Ingeniería de la USAC. En 1977 había sido representante estudiantil de la
facultad de Ingeniería ante el Consejo Superior Universitario y dirigente de la
asociación de estudiantes de esa facultad.
El 23 de febrero de
1984, alrededor de la cinco de la tarde, Sergio Saúl Linares Morales
desapareció después que saliera de su vehículo, placas particulares P-165196,
desde el INFOM hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala. No se volvió a
saber de él.
A
la siete de la noche de ese mismo día, hombres desconocidos allanaron su
vivienda, golpearon a su madre, de 68 años de edad, y se llevaron diversos
objetos personales de la víctima.
Rubén Amílcar Farfán
Rubén Amílcar Farfán
tenía 40 años de edad, era estudiante de la facultad de Humanidades de la USAC,
trabajaba en los talleres de la Editorial Universitaria y pertenecía al
sindicato de esa misma casa de estudios.
El 15 de mayo de
1984, a las seis de la mañana, Rubén Amílcar Farfán salió de su casa, ubicada
en la colonia Primero de Julio, para dirigirse a su trabajo en la Universidad
de San Carlos de Guatemala. Ese día laboró hasta las tres y media de la tarde
cuando se trasladó hacia la facultad de Humanidades. En el trayecto, hombres
armados y vestidos de civil lo golpearon y lo introdujeron a un vehículo
llevándoselo con rumbo desconocido. En la captura intervinieron dos autos: uno
de color rojo y con placas de circulación P-237053 y otro de color blanco, con
placas de circulación P-113509.
III. DESPUÉS DE LOS
HECHOS
En cuanto recibieron
noticias del apresamiento y la desaparición de las tres víctimas, sus
familiares tramitaron diferentes diligencias, con el objetivo de conocer su
paradero. Interpusieron recursos de exhibición personal, acudieron ante el
rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el jefe de Estado, el
Estado Mayor de la Defensa, el arzobispo metropolitano y las autoridades
civiles; visitaron morgues, hospitales y cárceles legales para determinar donde
se encontraban, sin resultado positivo.
La
esposa de Fernando García lo fue a buscar al Quinto Cuerpo de la Policía
Nacional, centro al que supuestamente había sido trasladado después que lo
capturaron herido.Más tarde rastreó su pista en el quinto piso del Palacio Nacional:
“Era [un lugar] secreto, nadie podía subir”.La recibió un hombre que estaba
“con una máscara negra y con arma …”y le dijo:
“Mire,
señora, le voy a decir una cosa, aquí nosotros sí secuestramos, pero a los
guerrilleros, a los comunistas, a la gente perversa de este país. Usted dice
que su esposo es buen padre, que es un buen trabajador, que es honesto. ¿Cree
usted que nosotros podemos tener a su esposo?”
En los tres casos
los familiares tuvieron conocimiento de que algunos meses después de su captura
las víctimas aún se encontraban vivas. En el caso de Fernando García, según un
testigo, además de él “habían [vivos] dos más … Me dijo que estaba vivo
[también] Carlos Cuevas …”Por la descripción que hizo un sobreviviente del
lugar donde permaneció detenido ilegalmente, un testigo sospecha que pudo haber
sido tras el colegio Liceo Guatemala.
De
acuerdo con la versión de otro testigo, Fernando García pudo haber estado
cautivo en una cárcel clandestina, por la Villa de Guadalupe, zona 10, ciudad
de Guatemala. “Se encontraba muy mal, muy torturado y … lo tenían
engrilletado…”
Del mismo modo, a
través de un testigo, los familiares de Sergio Linares llegaron a saber que él
“se encontraba preso en uno de los cuarteles de la ciudad …, que había oído
cuando alguien llamaba por su nombre a la víctima y que lo había visto; que
debido a las torturas estaba inválido”.
Tres
días después de la desaparición de Rubén Amílcar Farfán, el rector de la USAC
manifestó a la hermana de éste:
“…Tranquilícese,
señora. Sí, a su hermano … lo capturó el Ejército, la G-2 y el DIT. Ellos lo
tienen y no sólo los tienen a ellos sino también tienen a otros sindicalistas y
están otros estudiantes … Estamos esperando que se recuperen de la golpiza que
les dieron, para poderlos entregar; ya no siga haciendo nada señora, váyase a
alistar la ropa, la valija, la maleta de él … Vamos a llamarle para decirle a
dónde van, dónde se van a juntar…”
Según
varios testigos, el ex rector de la USAC tenía acceso a las autoridades del
Gobierno, principalmente al ministro de Relaciones Exteriores, quien a su vez
mantenía vínculos con los militares, todo lo cual proporcionaba información al
rector en funcionesy, por su mediación, a los familiares. El mismo ex rector de
la Universidad expresó:
“Yo
le dije: [al ministro de Relaciones Exteriores] ‘Ayúdame, devolveme a estos
estudiantes, yo me encargo de sacarlos del país y de que no vuelvan’ … Mirá, me
dijo, está bueno, yo se lo voy a decir ahora al general, ahora que vamos de
viaje a El Salvador; entonces, reparó, pero [únicamente] si nosotros lo tenemos
[dijo]”.
Durante
el Gobierno de Vinicio Cerezo, los familiares de Rubén Amílcar Farfán
interpusieron denuncia ante el procurador de los Derechos Humanos (PDH), quien
a su vez solicitó información a las autoridades militares y judiciales: las
respuestas que recibió fueron negativas. El PDH dejó abierta la investigación,
al efecto de dar con el paradero de la víctima.
Fundación del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)
El 4 de junio de 1984, en medio de
un ambiente político dominado por el terror estatal, surgió el Grupo de Apoyo
Mutuo (GAM) planteando una respuesta al drama que sufrían miles de
guatemaltecos por la desaparición forzada de sus parientes y amigos.
Durante los primeros
años el GAM se desarrolló ante todo en las zonas urbanas y la gran mayoría de
sus miembros eran mujeres: madres, esposas y hermanas de personas desaparecidas
vinculadas a la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Sin embargo, el
Grupo aglutinó más tarde a familiares de campesinos mayas desaparecidos. Llegó
a constituir una de las primeras expresiones organizadas para esclarecer los
hechos y creció al tiempo que se multiplicaban los intentos de los familiares
de las víctimas.
Convencidos e
inspirados por la necesidad humana de que sus parientes y amigos aparecieran
con vida, o impulsados al menos por el derecho a saber de su paradero, los
integrantes del GAM interpusieron multitud de recursos de exhibición personal y
denuncias públicas en instancias nacionales e internacionales. En el interior
del país denunciaron, a través de los medios de comunicación, las
desapariciones forzadas y las amenazas de muerte contra muchos de sus
dirigentes. Asimismo, llevaron a cabo las denominadas “paradas” de los viernes,
manifestaciones que se celebraban en ese día y que se caracterizaban porque los
asistentes tocaban pitos y golpeaban ollas delante de las oficinas estatales.
El 30 de noviembre
de 1984, después de una reunión que sostuvieron los dirigentes del GAM con el
jefe de Estado, se creó la Comisión Tripartita, cuyo objetivo era investigar
las violaciones de los derechos humanos. Esta Comisión quedó integrada por los
titulares de Gobernación, de la Defensa y del Ministerio Público.Miembros del
GAM llevaron a cabo manifestaciones significativas frente a las instalaciones
del Ministerio Público para exigir que esta Comisión diera a conocer los
resultados de la investigación que realizaban sobre las violaciones a los
derechos humanos, y en particular sobre todo lo concerniente a las
desapariciones forzadas.
En enero de 1985
enviaron una carta pública al señor Colville de Culross, relator de las
Naciones Unidas para Guatemala, a raíz del informe sobre los derechos humanos
que éste presentó en la última Asamblea de la ONU.Manifestaron su indignación
porque, según los miembros del GAM, había falseado la “cruda realidad” que
vivían los guatemaltecos.Al mismo tiempo, el GAM continuó recibiendo apoyo y
solidaridad a escala internacional. Llegaron a Guatemala representantes del
Parlamento alemán y de los gobiernos de Canadá, Bélgica y España, cuyo
propósito era solidarizarse de una forma pública con el país y solicitar al
Gobierno de la nación el esclarecimiento de los hechos.
El 12 de marzo de
ese mismo año miembros del GAM se presentaron a la Asamblea Nacional Constituyente,
para reclamar que la nueva Constitución Política de la República contemplara la
figura jurídica del “preso político”.
Durante la segunda
mitad del mes de marzo el Gobierno hizo pública su desaprobación respecto a las
“tácticas escogidas por el GAM para sus objetivos”.El jefe de Estado, general
Oscar Humberto Mejía Víctores, acusó a los integrantes del GAM de estar
manipulados por los insurgentes y cuestionó las fuentes de financiación del
Grupo.El 14 de marzo de 1985, en un acto oficial realizado en la base militar
de Jutiapa, el general Mejía Víctores, señaló: “Dentro de este contexto,
gestionar la aparición con vida de los desaparecidos era un acto subversivo,
que adoptarían las medidas para contrarrestarlo y que en adelante no se le
toleraría más demostraciones”.
Con la misma
firmeza, el ministro de Gobernación, Gustavo Adolfo López Sandoval, advirtió a
los miembros del GAM, que “se abstengan de cometer desórdenes en la vía
pública. [Porque] si alteran la paz social, estarán sobrepasando la paciencia
de las autoridades [y] serán las autoridades del orden público quienes actúen…”
El ministro de
Relaciones Exteriores, Fernando Andrade Díaz Durán, expresó al personal de la
embajada de los Estados Unidos que aunque “el GAM fuera un frente organizado por
la subversión, que él creía que era el caso, el Gobierno sería muy cauteloso de
evitar confrontaciones con éste, y le he dicho a los militares de estar alertas
de caer en la trampa de crear mártires”.
Sin embargo, el 30
de marzo y el 4 de abril de 1985 fueron ejecutados arbitrariamente dos
dirigentes del GAM: Héctor Orlando Gómez Calitoy María del Rosario Godoy Aldana
de Cuevas, ésta última junto a su hermano Maynor René y su hijo Carlos Rafael,
de dos años de edad.
Por otra parte, del
3 al 5 de septiembre de 1985, el Ejército asaltó las instalaciones de la USAC,
después de declarar a la opinión pública que era un centro del narcotráfico y
de la “subversión”.
En 1992 surgió la
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), iniciada
por madres y familiares de desaparecidos que habían estado ligadas al GAM.
A
pesar de los múltiples esfuerzos para esclarecer la suerte de las víctimas que
sufrieron la desaparición forzada, la mayoría de familiares vive, aun hoy, el
calvario de desconocer el paradero de sus seres queridos.
IV. CONCLUSIONES
La CEH, después de
analizar todos los antecedentes de los casos expuestos, llegó a la convicción
de que agentes del Estado capturaron e hicieron desaparecer a Edgar Fernando
García, Sergio Saúl Linares Morales y Rubén Amílcar Farfán, mediante acciones
encubiertas previamente decididas por autoridades estatales, violando su
derecho a la libertad y a la integridad física y psicológica.
En el caso de Edgar
Fernando García, la CEH llegó a la convicción de que su captura fue practicada
por efectivos de la Brigada de Operaciones Especiales (BROE) de la Policía
Nacional.
La CEH presume
fundadamente que todas las víctimas de este crimen de lesa humanidad fueron, en
definitiva, ejecutadas por agentes del Estado, por orden o con la aquiescencia
de autoridades superiores.
La CEH
considera que estos casos corresponden a la aplicación de una política criminal
destinada a la eliminación de dirigentes opositores vinculados a la Universidad
de San Carlos de Guatemala. La circunstancia de que todas las personas
detenidas y posteriormente desaparecidas permanecieran durante determinado
tiempo en lugares secretos, refuerza la convicción del carácter planificado de
dicha política.
El caso es, también,
ilustrativo de la creación de un sistema clandestino de justicia paraestatal,
característico de una política de “guerra sucia” contra opositores políticos o
sociales que no eran combatientes, lo cual debilitó en extremo el Estado de
Derecho y las garantías constitucionales y contribuyó a la aceptación de la
violencia y la impunidad como fenómenos normales, con grave detrimento de la
cultura cívica en Guatemala.
Finalmente, el caso
es otro ejemplo de la intencional denegación de justicia en la investigación de
casos de violaciones a los derechos humanos y, consecuentemente, de la
responsabilidad estatal en el fomento de la impunidad.
LISTADO DE LAS
VÍCTIMAS
Desaparición forzada, tortura,
Rubén Amílcar Farfan
Sergio Saúl Linares
Morales
Desaparición forzada, tortura, herido en atentado
Edgar Fernando García
Herido en atentado, privación de libertad
Danilo Chinchilla
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