Masacre de El Aguacate, cometida por la Organización del Pueblo en Armas (ORPA)

Caso ilustrativo No. 86

Masacre de El Aguacate, cometida por la Organización del Pueblo en Armas (ORPA)

I. ANTECEDENTES

La comunidad El Aguacate está situada en la espesura de la Sierra Madre, a unos cuatro kilómetros de San Andrés Itzapa, departamento de Chimaltenango. Es un paraje montañoso escarpado y donde azotan fuertes vientos.

Enclavado en una “zona de conflicto”  el lugar en sí no era campo de enfrentamientos. En 1988 el Ejército dominaba el área y tenía instalada en Chimaltenango, desde hacía unos siete años, la zona militar 302, a sólo cinco kilómetros de la aldea El Aguacate. Los aldeanos, que en general simpatizaban con los militares, no contaban con Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), pero algunos de sus habitantes eran o habían sido comisionados militares. Entre ellos se encontraba Carlos Humberto Guerra Callejas, quien además era pariente del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Manuel Antonio Callejas.

Integrantes del frente guerrillero Javier Tambriz, de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), se movilizaban en la zona montañosa aledaña, teniendo como retaguardia el volcán de Atitlán. A mediados de 1987 la organización guerrillera tomó la decisión de desalojar esa montaña proyectando ocupar los volcanes de Acatenango y Fuego. Esto era sabido por el Ejército que, por su parte, intentaba imposibilitar la llegada de la guerrilla a los volcanes cercanos a la capital. Como demostración de su capacidad para irrumpir en una zona más importante y cercana a la capital, la guerrilla “pensaba ocupar San Andrés Itzapa”.

Entre estos preparativos, que incluían el ingreso a la zona del grueso de la tropa guerrillera, la ORPA destacó desde mediados de 1988 una patrulla de diez combatientes al mando del subteniente David, la cual debía realizar los contactos y preparativos de infraestructura necesarios para la pretendida ocupación. Como guías contaba con dos o tres lugareños, miembros de la resistencia de San Andrés Itzapa. El enlace con el puesto de mando era mantenido por radio y a través de combatientes que iban de una posición a otra, extremo que era conocido tan sólo por el responsable de la patrulla, como medida de seguridad que garantizaba la compartimentación de las informaciones.

La misión concreta de la patrulla rebelde era “hacer las exploraciones y lograr el abastecimiento, no bélico, comida …, equipo …, baterías para focos, botas, muchas cosas que se conseguían en la base de apoyo … en San Andrés Itzapa … para que después nuestras fuerzas principales llegaran a concentrarse con ellos a desarrollar la operación y luego desalojar la montaña”, lo que exigía que se obrara con total precisión y absoluto secreto.

El enlace concreto de esta patrulla con el puesto de mando era “un miembro de la resistencia … de confianza absoluta … un compañero muy querido … que respondía al seudónimo de Mijangos”.

II. LOS HECHOS

El 22 de noviembre de 1988, alrededor de las cinco de la mañana, Carlos Humberto Guerra Callejas, quien padecía ataques epilépticos, salió de su casa en la comunidad El Aguacate en dirección al paraje conocido como Astillero de San Isidro, donde a menudo pastaban sus reses. Iba en busca de unas vacas que se habían perdido y llevaba consigo tres perros. No regresó y, en vista de su afección, es buscado hasta llegada la noche por parientes y amigos, sin resultado positivo.

Guerra Callejas, en la búsqueda de sus reses, había dado con la posición de la patrulla guerrillera y fue secuestrado por sus integrantes.

Al día siguiente, 23 de noviembre, salen de nuevo en su búsqueda 26 pobladores, que se dividen en grupos. En un lugar llamado El Chirral encuentran las vacas extraviadas y huellas del desaparecido que se unían a otras, correspondientes a zapatos de suela blanda, lo que hace suponer a los campesinos que Guerra Callejas está retenido por personas desconocidas. Deciden continuar la búsqueda al día siguiente y, en caso de no encontrarlo, avisar al Ejército.

El 24 de noviembre emprenden nuevamente la búsqueda, esta vez divididos en tres grupos de diez personas cada uno, dirigiéndose a los parajes conocidos como Filón de la Minas y Filón del Sojo, siempre en la misma área montañosa. Especulando que se pueda tratar de un secuestro, deciden llamar al ministro evangélico Antonio Olivares Blanco, para que realice una eventual mediación con los secuestradores, uniéndose éste a la búsqueda.

Los campesinos de los dos primeros grupos se encuentran con hombres vestidos de verde olivo y que portan armas de fuego. Se trata de la patrulla guerrillera. Entonces, “se da la captura de dos comisionados militares… en esa secuencia de dos o tres momentos … en la búsqueda de estos comisionados … van a dar a la posición de campaña que tenían [los integrantes de la patrulla]”. Dada la cercanía de la zona militar 302 y que los primeros campesinos en tropezar con la guerrilla son identificados como comisionados militares, se les considera una avanzada del Ejército y son secuestrados.

Mientras tanto, uno de los hijos del primer desaparecido, Guerra Callejas, junto con los hermanos Callejas Tobar, ha ido a presentar una denuncia ante la Policía Nacional en Chimaltenango. Al regresar, los campesinos que formaban el tercer grupo y que han podido evitar que les apresaran, le comunican que los desconocidos han tomado prisioneros al ministro religioso y a otros 19 aldeanos.

Seguros ya de que los captores son guerrilleros, los vecinos deciden denunciar los hechos a la zona militar 302. Dos patrullas militares, guiadas por los hermanos Callejas Tobar, salen de inmediato hacia el lugar señalado por los aldeanos. Sin embargo, se hace tarde y, ante lo infructuoso de la búsqueda, deciden posponerla para el día siguiente. Las patrullas militares pernoctan en la montaña.

La patrulla guerrillera que capturó a los aldeanos estaba integrada por su jefe, David, y otros diez hombres. Algunos de ellos eran integrantes de la resistencia de San Andrés Itzapa, y fueron reconocidos por los prisioneros. Estos últimos, según los guerrilleros, eran colaboradores del Ejército, por lo que el secreto en que debía realizarse la operación estaba en peligro y corrían el riesgo de ser delatados ante el Ejército: “Alguien que delatara era más peligroso que la gente propiamente armada”.

Coincidiendo con la llegada de los aldeanos a la posición insurgente, se hace presente Mijangos, quien era contacto entre el mando guerrillero y la patrulla comandada por David. Este era la única persona del grupo guerrillero que conocía la función e identidad de Mijangos. Sin embargo, David guardó para sí esta información, por lo que los demás miembros de la patrulla procedieron a capturar a Mijangos como si fuera un aldeano más.

David reúne a su gente y les hace conocer su balance de la situación: la operación que les ha sido encomendada es prioritaria a la vida de los capturados. Decide y ordena ejecutarlos. En la orden es incluido Mijangos, pues sospecha que puede haberse convertido en informante del Ejército y, en todo caso, sería testigo de la ejecución que acaba de ordenar.

Los prisioneros son llamados uno a uno y van siendo estrangulados. El ruido de armas de fuego, dicen, habría delatado su presencia en el área. Consumada la ejecución, los cuerpos de los campesinos son enterrados en el mismo lugar, utilizándose para ello las trincheras que habían excavado.

En El Aguacate fueron ejecutadas 22 personas.

III. DESPUÉS DE LOS HECHOS

A media mañana del día siguiente, 25 de noviembre, la guerrilla atacó a la patrulla militar que avanzaba desde el norte del lugar. A mediodía, cerca de Plan Canaqué un soldado encontró tierra removida y, tras cavar, descubre el cadáver de Carlos Humberto Guerra Callejas y de sus tres perros. Alrededor de la una y media de la tarde se produjo otro enfrentamiento, en que resultaron heridos un subteniente y un soldado. Más tarde, en el cerro Las Minas, encontraron los machetes de los aldeanos y restos de comida. Tres o cuatro horas después del descubrimiento del cadáver de Carlos Humberto Guerra Callejas, lograron sacarlo del lugar improvisando previamente un helipuerto en el lugar llamado La Pinada del Pozo del Zope.

El día 26, como a las nueve de la mañana, la misma patrulla militar fue atacada una vez más por la guerrilla. Entre tanto, la otra patrulla militar que marchaba desde el sur encontró cerca de El Chiquero cuatro fosas con cadáveres ya en descomposición. Informaron del hallazgo a la zona militar, que les ordenó no tocarlos y construir un helipuerto lo más cerca posible.

El 27 de noviembre llegaron al lugar, en helicóptero, funcionarios judiciales y autoridades locales para proceder a la exhumación, así como periodistas para que cubrieran el hecho. Las condiciones meteorológicas hacían imposible la evacuación de los cadáveres, 21 en total, pero finalmente se realizó el día 28 en la mañana, siendo llevados a la zona militar 302. En ésta, fueron examinados por el médico forense y reconocidos 20 de ellos por sus parientes, en presencia del juez de paz. Poco después, los cadáveres fueron trasladados a la municipalidad de San Andrés Itzapa, donde se realizó el velatorio. Fueron enterrados el 29 de noviembre.

El cadáver que no fue identificado, ni por familiares ni por los pobladores de El Aguacate, y enterrado como XX, correspondía a Mijangos, enlace de la patrulla guerrillera con el mando de la operación rebelde.

El reconocimiento médico practicado a los cadáveres, a cargo del departamento médico forense del Organismo Judicial, arrojó como causa de la muerte asfixia por estrangulamiento, excepto en dos casos en que aquélla no pudo ser determinada debido al estado de descomposición en que se encontraban los cuerpos. En su mayoría los cadáveres presentaban señales de cuerdas alrededor del cuello.

En cuanto a la especulación acerca de posibles torturas sufridas por las víctimas, el doctor Mendizábal, médico forense que examinó los cadáveres, manifestó ante la comisión especial enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no estaba en condiciones de afirmar si las víctimas de la masacre habían sido torturadas, puesto que el estado de descomposición de los cadáveres era avanzado al momento del examen, y que las “ronchas oscuras que parecían quemaduras o hematomas, podían ser simplemente coágulos de sangre”.

La justicia abrió proceso penal en seguida que fueron descubiertos los cadáveres, en noviembre de 1988. Unos meses después, fue detenido y procesado Eleodoro Sal Siquinajay. El 14 de septiembre de 1989, sin embargo, el juez a cargo del caso dictó sentencia absolutoria con respecto a su responsabilidad en la masacre, por no existir pruebas en su contra. La sentencia fue confirmada por la Sala Novena de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala, el 30 de marzo de 1990.

La URNG emitió, los días 28 y 29 de noviembre de 1988, dos comunicados en relación con los sucesos, difundidos a través de la agencia noticiosa CERIGUA. En el primero la insurgencia dio cuenta de las operaciones militares efectuadas en la zona, con el resultado de 25 bajas en las filas del Ejército, entre muertos y heridos, con lo que en apariencia asumía la responsabilidad por los hechos, pero presentaba los mismos como un acto de guerra. En su segundo comunicado negó rotundamente la participación de la ORPA en el secuestro y posterior ejecución de los campesinos de El Aguacate y acusa al Ejército y al Gobierno como responsables de dichas violaciones, agregando que las mismas formaban parte de una nueva ola de terrorismo, represión e intimidación de parte de las autoridades.

El Ejército, por su parte, no reportó combates en la zona, aparte de los encuentros producidos a raíz de la búsqueda de los campesinos desaparecidos, en los que a su vez mencionó dos bajas propias (heridos) y ninguna de la guerrilla. “El día viernes 25 de noviembre, patrullas militares contactaron al grupo subversivo a las 09:30 horas. A las 12:30 horas del mismo día se produjo otro contacto, resultando herido el subteniente … Manuel Adolfo Molina Gutiérrez”.

La masacre de los campesinos de El Aguacate estuvo durante casi dos años en estudio por la Oficina del procurador de los Derechos Humanos. En la resolución adoptada por el licenciado Ramiro de León Carpio el día 15 de noviembre de 1990, este organismo afirma que se “ha comprobado la violación al derecho humano a la vida de [las víctimas]”. Sin embargo, posteriormente afirma que “el resultado de la investigación no proporcionó fundamentos jurídicos ni de conciencia suficientes para señalar quién o quiénes son responsables por tal violación”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también tuvo conocimiento de los hechos, abriendo el caso 10.400 (Guatemala). Como parte de sus investigaciones esta Comisión envió a Guatemala una comisión especial, la que luego de numerosas diligencias descartó toda posibilidad de que el Ejército fuera responsable de la masacre. En concordancia con esta opinión, la Comisión Interamericana concluyó, el 22 de febrero de 1991, que no existía fundamento para la petición realizada contra el Estado de Guatemala, archivando el caso.

Finalmente, en declaraciones de ex miembros de la Dirección Nacional de ORPA ante la CEH, esta organización asumió la responsabilidad por las ejecuciones llevadas a cabo el 24 de noviembre de 1988:

“…Es el peor y más grave error que hemos cometido como ORPA en el desarrollo de toda la guerra … nos llena de vergüenza”.

IV. CONCLUSIONES

La CEH, a la luz de todos los antecedentes recogidos, adquirió la plena convicción de que 22 personas, entre ellas 21 campesinos indefensos de la aldea El Aguacate y un miembro de ORPA, fueron privados de su vida por miembros de esa organización guerrillera, constituyendo dicho acto una ejecución arbitraria.

Ni las circunstancias que rodearon los hechos, ni valoración alguna de tipo ético o jurídico, constituyen justificación para este grave atentado contra el derecho a la vida, que viola los principios comunes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

La CEH considera este caso ilustrativo del grado de tergiversación de los principios morales y éticos en que incurrieron miembros de la guerrilla, que no respetaron siquiera las reglas mínimas a que estaban obligados como combatientes en un enfrentamiento armado. Dicha tergiversación se manifiesta, especialmente, en la frialdad con que fueron ejecutadas las víctimas de esta masacre, en su mayoría campesinos inermes no involucrados en el enfrentamiento.

Por otra parte, en lo que se refiere a la ejecución arbitraria de un miembro de ORPA por sus propios compañeros, la CEH considera que, además de evidenciar el desprecio por la vida humana, este crimen es ilustrativo de la carencia, en la administración de la justicia interna de la organización guerrillera, de normas mínimas objetivas que resguardaran derechos inalienables de la persona humana, lo cual permitió que la simple desconfianza condujera a la eliminación física de militantes indefensos.

Finalmente, se considera positivo, desde la perspectiva de la reconciliación nacional, que la ORPA haya aceptado ante la CEH la autoría de la masacre.

LISTADO DE LAS VÍCTIMAS

Ejecución arbitraria

Antonio Olivares Bancés

Carlos Humberto Guerra Callejas

Cristóbal Chuy Pixtun

Factor Callejas Guerra

Francisco Román Callejas Guerra

Horacio Tajtaj Callejas

Isidro Guerra Castellanos

Jaime Callejas Tobar

José Gabriel Salvajan Gómez

José Leonel Callejas Ajpuac

José Luis Callejas Meléndez

Juan Oswaldo Salazar Callejas

Julio Gerardo Callejas Guerra

Luis Haroldo Callejas Tobar

Luis Callejas Tobar

Manuel Nieves Tajtaj Coyan

Oscar Rolando Callejas Tobar

Pedro Guerra Marroquín

Rogelio Callejas Guerra

Romualdo Callejas Guerra

Rosalio Callejas Guerra

Nicolás Chiquibal Petzey

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.